Crece lista de políticos enjuiciados — Brasil

Nelson Calheiros

El presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, un fuerte aliado del presidente conservador Michel Temer, será juzgado por peculado (malversación de fondos públicos), determinó ayer el Supremo Tribunal Federal al acoger una acusación del Ministerio Público.

La Corte lo decidió por 8 votos a favor y 3 en contra.

El STF rechazó otros dos cargos presentados por la fiscalía: falsedad ideológica y uso de documentación apócrifa.

Calheiros enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a la red de sobornos de la petrolera estatal, que tiene en la mira a medio centenar de legisladores.

De acuerdo con una presentación realizada contra Calheiros por el partido PSOL (izquierda) ante el Consejo de Ética del Senado en 2007, citada por la fiscalía, un intermediario de la constructora Mendes Júnior, entre 2004 y 2006 "supuestamente hacía pagos de 16.500 reales" (unos 7.800 dólares, al cambio promedio de 2006), para alquileres y alimentos de la mujer y la niña.

En su momento, el escándalo subió de decibelios cuando Veloso aceptó una oferta de la revista Playboy, en cuyas páginas apareció sin ropa alguna y en poses más que insinuantes que convirtieron a Calheiros en el hazmerreír del Parlamento.

Según la nota, el presidente del Senado recibió con "tranquilidad" la decisión de los magistrados y se mostró "confiado en la Justicia" para probar su inocencia.

Sin embargo, la investigación detectó inconsistencias que demostraron que el senador no disponía de esos recursos durante el periodo investigado.

Calheiros reafirmó que la instrucción "comprobará, como ya lo hizo, con documentos corroborados su inocencia" y destacó que los "servicios" fueron pagados en especie porque eso es "legal".

El 12 de marzo pasado la mayoría opositora del Senado aprobó destituir a la presidenta Dilma Rousseff alegando supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015, una falta que no ha sido probada y que además no constituye un crimen de responsabilidad, una condición sine qua non exigida por la constitución brasileña para intentar un impeachment (juicio político).

El origen de las divergencias está en un proyecto de ley aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, que establece unas nuevas medidas contra la corrupción, trata sobre abusos en que incurran los funcionarios y dedica un capítulo particular al Poder Judicial.

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