Contraloría lanzó alerta por problemas en el Programa de Alimentación Escolar

Programa de Alimentación Escolar PAE

Así lo dejo saber la Secretaria de Educación Luz Elena Azcárate al manifestar que "es importante aclarar que el año pasado no recibimos recurso alguno por parte del Ministerio para asumir el Programa de Alimentación Escolar, que la alcaldía de Cali ejecutó con recursos propios con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos ejecutados por el municipio cubriendo los 180 días de calendario escolar con el 100% de los niños matriculados". En un comunicado el Ministerio indica que "el Programa de Alimentación Escolar es una estrategia conjunta, del Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales Certificadas, que busca promover la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo".

Con relación al informe de del PAE, emitido por la Contraloría General de la República, Ministerio de Educación aseguró que durante el 2016 todas las raciones contempladas nos se podían entregar porque los consejos municipales y asambleas departamentales no aprobaban los recursos para la contratación del operador de PAE, lo que retrasó tanto la adjudicación como la entrega de raciones a los niños. También se hicieron 1.309 visitas de auditoría, en coordinación con los organismos de control.

Asimismo, el ente de control afirmó que los sistemas de información del programa con los que cuenta el Ministerio de Educación Nacional, no permitieron hacerle seguimiento a la totalidad de sus actividades y productos.

Ahora, si no cumplen con la obligación se les oficia solicitando mostrar la información y se copia a los entes de control para que, desde su competencia, hagan seguimiento y apoyen la solicitud.

Nada alentador fue el resultado del Programa de Alimentación Escolar, luego de una evaluación analizada por la Contraloría General de la República, que entregó como resultados que en 2016 se presentaron demoras en la contratación y en la ejecución de recursos, situaciones que afectaron el giro de las transferencias a los municipios, así como los procesos de planeación y contratación, generando inoportunidad e ineficiencia en la prestación del servicio a sus beneficiarios.

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