ONU-DH celebra aprobación de ley contra desaparición forzada

Aprueban Ley General de Desaparición Forzada

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y turnó al Ejecutivo Federal la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ordenamiento que prevé hasta 90 años de prisión para quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

Además, se le castigará con penas de 15 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días de multa a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.

El dictamen considera la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la participación de los tres niveles de gobierno, así como del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y del Registro Nacional de Fosas.

Mientras que a la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días multa.

Esta ley "es un avance fundamental para fortalecer la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas en el país", celebró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pidió blindarla con los recursos suficientes para hacer efectivos sus propósitos.

El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta Comisión contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliase por expertos y cuerpos policiales especializados.

La ley describe y emplea los protocolos necesarios, que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas y formas de los reportes, las denuncias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

"Ahora falta dar los pasos concretos para que pueda avanzar con firmeza a ser una realidad".

Implementándose de manera efectiva, esta ley ayudaría a sanar el dolor que aflige a las miles de víctimas y a sus familiares, así como a combatir una grave violación a los derechos humanos, por desgracia ampliamente extendida en México y que se remonta a más de cuatro décadas.

"El marco ya existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país", finalizó.

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