Procesan a Gils Carbó

Procesaron a Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración

De esta manera, el procesamiento de la procuradora general activó una nuevo avance del Gobierno, que desde el inicio de la Presidencia de Mauricio Macri intentó, sin éxito, remover a Gils Carbó del cargo.

Según el letrado, el procesamiento y embargo de su defendida no es algo sorpresivo porque ya venía siendo anunciado en los medios. "Se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno", remarcaron los abogados. La defensa apelará y será la Sala I de la Cámara Federal la que decida si es correcto o no el procesamiento dictado por Ercolini.

Además, el jefe del interbloque oficialista sostuvo que el procesamiento de Gils Carbó en la causa por la compra irregular del edificio donde funciona el Ministerio Público Fiscal se suma a "su inconducta funcional" y a "la enorme discrecionalidad con que se ha manejado". "Sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquélla".

El segundo de la funcionaria, Guillermo Bellingi, cobró 3 millones de pesos en concepto de comisión por la operación inmobiliaria, también quedó procesado.

En su extensa resolución, el juez le impuso a Gils Carbó un embargo de 7 millones de pesos (400.000 dólares) por las "acciones ardidosas" en las que incurrió la funcionaria.

Es la primera vez que una persona en dicho cargo queda procesada en la Justicia.

Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.

El magistrado consideró a la procuradora general coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que implica una pena de dos a seis años, lo que coloca a la funcionaria en una situación política delicada, dado que el Gobierno podría aprovechar el fallo para exigir nuevamente su renuncia al organismo.

Las imputaciones contra la Procuradora y su subalterno son por presunta administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Dispuso además la falta de mérito para los otros imputados: Blás Zurita, Osvaldo Leguizamón, Ignacio Costa Urquiza, Pedro Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino.

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